Crónica del agua, Pastaza bajo amenaza

No es pura casualidad que la longevidad de los pobladores de Mera en la provincia de Pastaza, y según estudios efectuados, sea solamente comparable con la de Vilcabamba, provincia de Loja; longevidad que se la atribuye además de su clima, la apacibilidad de su gente, a la calidad del aire y pureza de su agua.

El Corredor Ecológico Llanganates Sango (CELS) en siglas, es considerado un refugio emblemático de flora y fauna, debido a su estratégica ubicación geográfica que alberga variedad de micro cuencas, hábitats y paisajes.

La presencia de agua es la principal característica del Parque Nacional Llanganates; éste es considerado un reservorio natural y las constantes precipitaciones sirven para el estancamiento del agua en diversos sectores del parque conocidos como humedales.

En los páramos se observan lagunas de diversos tamaños y formas. Los espejos de agua están sobre los 3 400 metros de altitud. Debido a las constantes precipitaciones, neblina, pantanos y más de 200 lagunas, el Parque fue denominado sitio Ramsar.

De sus entrañas se originan las cuencas hidrográficas de los ríos Pastaza y Napo, mismas que recorren ambas provincias y abastecen de líquido vital a las jurisdicciones de Mera, Pastaza y Santa Clara; así como Arosemena Tola.

De los Llanganates nacen los ríos Alpayaku, Mangayaku, Kilo, Blanco, Tigre, Uchuminguí, Piatúa y Anzu.

Según la Constitución del Ecuador, no están reconocidas figuras de conservación como Corredores Ecológicos, razón por la que no constan dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano ni el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), por lo tanto, no es vinculante para todos los ciudadanos, sin embargo, la Legislación Nacional y Ambiental vigentes, posibilitan su protección en función del valor natural, pues dentro de sus enunciados se manifiesta que los territorios con valor natural, cultural y ancestral podrán incluirse dentro de funciones legislativas a cargo de gobiernos descentralizados, incluyendo su gestión territorial, donde existirá una planificación integral, recogida en una ley que incluya aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del Buen Vivir o Sumak Kawsay.

La Ley Forestal y de Áreas Naturales y de Vida Silvestre manifiesta que, constituyen patrimonio forestal del Estado todas las tierras que se encuentren en condiciones naturales y que posean valor científico e influencia en el medio ambiente, y que deben mantenerse en estado silvestre para efectos de conservación del ecosistema y especies de flora y fauna.

Es imperante el apersonamiento y gestión de los gobiernos seccionales y autoridades ambientales nacionales, para que en base al recurso legislativo, y ya que dichos territorios están circunscriptos a su administración, el CELS sea administrado como un Área Protegida Municipal.

Con la irrupción del proyecto hidroeléctrico Río Piatúa, iniciado en el gobierno anterior y avalado por el actual, la nacionalidad Kichwa de Santa Clara y sus comuneros ven amenazados sus derechos.

El pueblo interrumpió la vía Puyo-Tena

En la Amazonía ecuatoriana hay un conflicto por una hidroeléctrica que ha dejado hasta el momento un paro, demandas contra el Estado y la empresa constructora y una denuncia por daño moral contra un activista por 60 millones de dólares. La compañía de Generación Eléctrica San Francisco (Genefran) es la dueña del proyecto y los pobladores que se sienten afectados pertenecen a la nacionalidad Kichwa o son colonos que viven en el cantón Santa Clara de Pastaza. El escenario es el río Piatúa, límite entre esa provincia y el Napo, ubicado en medio de un frágil ecosistema. La empresa afirma que ha cumplido con todos los requisitos de ley para instalar la hidroeléctrica. Los habitantes, sin embargo, creen que el Estado ha permitido el proyecto saltándose mandatos básicos como la consulta previa y además temen que la intervención de esa zona cause un daño sin precedentes.

El antropólogo Carlos duche dice que en la cuenca del río Anzu, a la que pertenece el Piatúa, existe petroglifos con más de 8 mil años de antigüedad. Asegura que los ríos Pastaza y anzu eran los caminos naturales de las civilizaciones que vivían en estos lugares. El fue uno de los testigos expertos que declararon en la audiencia de acción de protección.

Patricio Meza, biólogo exponiendo
las riquezas del Piatua

El río Piatúa, en medio de un hot-spot

Se llaman hot-spot a los lugares donde hay una especial concentración de biodiversidad y que deben ser cuidados por los estados. En el Ecuador, según expertos, hay tres zonas con esas características: las islas Galápagos, el Yasuní y el corredor Ecológico Llanganates–Sangay. A este último pertenece el río Piatúa, que se ubica en una subcuenca de la cuenca del río Anzu, considerada como una de las regiones más biodiversas y endémicas del país, según el biólogo Patricio Mesa. El 14 de noviembre, la población de Santa Clara se tomó la troncal amazónica Tena-Puyo-Macas para exigir el retiro de maquinaria pesada de la constructora de la central Piatúa.

Según la Defensoría del Pueblo, “fue planteado con el objetivo de generar 30 MW de electricidad para maximizar el beneficio de los incentivos ofrecidos por la Codificación de la Regulación CONELEC-001/13 (a pesar de su derogación), sin tomar en cuenta la disponibilidad del recurso hídrico”.

Ese es uno de los problemas más señalados por los pobladores. Los indígenas Kichwa a través de la organización Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del cantón Santa Clara (Ponakicsc), han sido uno de los denunciantes contra la hidroeléctrica. En su demanda señalan que Genefran “pretende captar la mayor parte del caudal promedio anual del río Piatúa”.

La Defensoría del Pueblo afirma que no hay un estudio que permita certificar la cantidad de agua en el río. El pedido de la empresa se habría hecho, de acuerdo con esa entidad, con datos de otra cuenca hidrográfica, del Río Verde, en Tungurahua. No es el primer proyecto donde la Senagua carece de información antes de entregar una autorización de agua. Un ejemplo emblemático es lo ocurrido en San Pablo de Amalí contra la hidroeléctrica de Hidrotambo al punto de legalizar agua que no existe.

Pero hay otra preocupación respecto al río Piatúa. El estudio de impacto ambiental que presentó la empresa dice que captará las aguas del río para luego devolverlas al río Jandiayacu, que está a dos km de distancia. Mientras que en el documento de trámite para la concesión del agua manifiesta que se hará la restitución del agua a su cauce natural. Esa contradicción la hizo notar César Medina, del Frente Piatúa Resiste, en la audiencia de la acción de protección. Esa es una las principales preocupaciones de la comunidad vecina. Para el biólogo Mesa, si más del 90% del río es trasvasado a otro río eso provocaría una disminución casi total del Piatúa con graves consecuencias para el ecosistema acuático y para las actividades del pueblo Kichwa. “El impacto sería irreversible”, asegura.

¿Otro proyecto inconsulto?

Uno de los principales reclamos de los habitantes del cantón Santa Clara es la falta de consulta previa para el proyecto. Ponakicsc ha manifestado que en ningún momento fueron informados sobre los planes y proyecciones de la hidroeléctrica ni por la empresa ni por el Estado. Afirman que no tuvieron acceso a los estudios de impacto ambiental. Explican que el Ministerio de Ambiente para la aprobación de la licencia ambiental, la empresa tenía que cumplir con la entrega de 72 invitaciones a las comunidades durante la etapa de participación social.

“Es decir, se otorgó la licencia ambiental sin que exista una verdadera consulta, únicamente para que la empresa cumpla con esto como un mero requisito posterior a la entrega de la autorización”. A las 185 que sí les entregaron las invitaciones, una gran parte de ellas fueron autoridades de las provincias de Napo y Pastaza, agrega la organización indígena. “Sin embargo, no se contó con una verdadera participación de las personas, pueblos y nacionalidades del sector”. el habitad (sic.) no corre peligro”.

Lenin Sarzosa, uno de los abogados de los demandantes, dijo haberse quedado anonadado por la simplicidad de la resolución del juez. “El debate fue de alto nivel con evidencias científicas”. Las comunidades apelaron la resolución el pasado 28 de junio y esperan fecha para la nueva audiencia.

Demanda por 60 millones de dólares

Durante el conflicto con las comunidades, Genefran ha denunciado a tres personas, dos líderes sociales y un activista.

Uno de ellos fue Cristian Aguinda quien enfrenta un proceso por supuesta intimidación. El delito, según la empresa, se cometió dentro de los predios donde se construye la hidroeléctrica, el 26 de junio de 2018. Tres días antes, los comuneros se declararon en asamblea permanente y luego de varias reuniones redactaron un documento con sus pedidos, uno de ellos que se realice la consulta previa.

Con ese pliego, alrededor de 200 personas acudieron hasta la central, encabezadas por Aguinda y dirigentes de la Confenaie y de la Conaie. El documento lo entregaron a dos guardias de la empresa y les dijeron que tiene un plazo para contestar la demanda del pueblo Kichwa.

La empresa argumentó que sus empleados fueron víctimas de un acto de intimidación y que fueron amenazados con quemarles la casa. Fernando Carrillo, gerente comercial de Genefran dijo en rueda de prensa que tuvo que retirar a su personal porque fueron amenazados con lanzas por personas fuera de Pastaza.

Pero Aguinda, en la audiencia de formulación de cargos, rechazó esas declaraciones airadamente. Para el abogado de Aguinda, Lenin Sarzosa, se trata de un acto de persecución contra el máximo dirigente de las comunidades Kichwa que se oponen a la hidroeléctrica.

El jurista refiere que el día que ocurrieron los hechos estaban más de 200 personas, pero la denuncia solo fue contra Aguinda y agrega que con ella la empresa “ha tratado de negociar la firma de un convenio entre la comunidad y la hidroeléctrica para permitir la construcción”. La denuncia se encuentra en instrucción fiscal.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso dijo que hay elementos de la investigación previa que no puede exponerlos en la audiencia, algo que llamó la atención a la defensa de Aguinda pues siempre la Fiscalía debe presentar todos sus argumentos.

La empresa también demandó a Matthew Terry, de la Fundación Río Napo. Es una demanda civil por daño moral y fue puesta el 27 de noviembre de 2018. Esto se dio después de que Terry diera unas declaraciones a Radio Católica. Según la demanda de la empresa, afirma que el activista “inicia un ataque verbal infundado, totalmente difamante y falso”, declaraciones que fueron reproducidas por 16 medios, según la demanda. La defensa de Terry contestó la demanda y argumentó que su cliente no mencionó en ningún momento a Genefran.


La empresa pidió una indemnización por 60 millones de dólares por haber afectado supuestamente su imagen. Los 55 millones, establecía la compañía, eran “imputables a la pérdida del costo total del proyecto” que, según ellos, habría provocado el activista con sus declaraciones; y los 5 millones restantes correspondían al daño moral propiamente dicho. “La afectación que se aprecia en adelante se ha ampliado de forma generalizada llegando a las personas de Pastaza, del país y del mundo, comentada en los medios públicos y medidas de facto por la desinformación”. El caso ya pasó por una primera audiencia y la demanda fue desechada. La compañía apeló la sentencia y el proceso irá a la Corte Provincial de Pichincha. Rigoberto Reyes, líder comunitario, también tiene una investigación previa por supuesta intimidación.

Jimmy Escobar

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